En Perú las autoridades no tienen control del expendio de pesticidas prohibidos como el metamidofos, prohibido en 2020, y el carbofurano, restringido en 2022.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), los gobiernos regionales, la Policía, Aduanas y el Ministerio Público no ejercen control sobre la venta de pesticidas nocivos para la salud.
Estas sustancias pueden ocasionar la muerte por una exposición alta o producir daños neurológicos por efectos acumulativos en el organismo, como lo han estudiado agencias regulatorias de alimentos en Estados Unidos y la Unión Europea.
En el Día Mundial del No uso de Plaguicidas que se conmemora el 3 de diciembre presentamos un reporte sobre la situación relacionada a la restricción o modificación del uso de los agrotóxicos.
Los plaguicidas, son productos químicos que se utilizan para controlar, prevenir y eliminar las plagas que nacen y se reproducen en las distintas plantaciones alrededor del mundo.
Son los insecticidas, herbicidas y fungicidas, agroquímicos sintéticos fabricados por el hombre desde que comenzó la Segunda Guerra Mundial.
Hoy, esta comercialización se hace en casi todos los países para ser utilizados en la agricultura, pero los costos en salud y otros graves daños al ambiente son cuantiosos.
Las personas con mayor riesgo son las que se exponen de manera directa a los plaguicidas como los trabajadores del campo, quienes pueden sufrir intoxicaciones agudas o crónicas, según el tipo de exposición.
El glifosato es un tipo de herbicida no selectivo ampliamente usado en la agricultura para eliminar las malas hierbas de los campos de cultivo.
El glifosato es, además, el más utilizado en todo el mundo y se puede encontrar en productos como el reconocido químico de amplio espectro Roundup.
La naturaleza no selectiva de este compuesto implica que mata a cualquier tipo de planta con la que entra en contacto, atacando las proteínas responsables de su crecimiento.
La sustancia fue introducida por primera vez en el mercado en 1974 a manos de la empresa química Monsanto. A partir de 2018 esta pasó a propiedad de Bayer, que produce el herbicida Roundup con glifosato.
Desde entonces, Bayer recibió miles de demandas por el vínculo entre el uso de Roundup y el cáncer, viéndose en la obligación de pagar a los afectados para resolver aproximadamente 125 mil de reclamos.
Recientemente, la Unión Europea (UE) adoptó la decisión de renovar por un periodo de diez años la autorización del uso del herbicida glifosato, que vencía el próximo 15 de diciembre, hasta 2033.
“Sobre la base de una evaluación científica estricta, esta renovación está sujeta a nuevas condiciones y restricciones”, explicó el ejecutivo comunitario.
La decisión se tomó luego de que los países no alcanzaran un acuerdo para la renovación o retirada del herbicida, ni en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, ni en el Comité de Apelación.
No obstante, la Comisión prevé algunas salvaguardias y prohíbe su uso para la desecación –proceso de eliminar la humedad de un cultivo antes de la cosecha– y medidas específicas para proteger a los organismos no objetivo.
PAN Europa, ONG partidaria de la prohibición de los fitosanitarios químicos, anunció que impugnará la nueva aprobación del glifosato en el Tribunal de la UE.
“La reaprobación contradice directamente los hallazgos de numerosos científicos independientes que han investigado los impactos del glifosato” asegura Martin Dermine, director ejecutivo de PAN Europa.
La decisión adoptada “desafía la voluntad de la gran mayoría de los europeos e ignora la necesidad urgente y el compromiso político de reducir el uso de plaguicidas” agrega Dermine.
“Lo más importante es que contraviene las leyes de plaguicidas de la UE, que priorizan la protección de la salud y la biodiversidad por encima de los intereses económicos.”, asegura el director de PAN Europa.
Cabe recordar que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó en 2015 como "cancerígeno probable" al glifosato, sustancia activa de varios herbicidas.
En agosto de 2023 el Segundo Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos puso en evidencia que tenemos un sistema de control sanitario desarticulado y que no cumple adecuadamente sus funciones.
Se recolectaron 103 muestras de tomate, lechuga, apio, pimiento, cebolla china y papa blanca de once supermercados y siete mercados de Arequipa, Cusco, Huaraz y Huánuco.
En presencia de notarios públicos y del reconocido abogado Jaime Delgado, para someterlas a un análisis multiresiduos, una técnica de laboratorio que identifica y cuantifica trazas de plaguicidas en los alimentos.
46 muestras no pasaron la prueba al contener altas cantidades de agroquímicos que superaron los Límites Máximos de Residuos (LMR), lo que significa que no eran aptas para el consumo humano.
En las muestras de apio del Mercado Chalhua de Huaraz, la cantidad de residuos del pesticida Clorpirifos superó 149 veces los límites máximos permitidos.
La lechuga del supermercado Metro de Arequipa contenía 80 veces más residuos del agroquímico Clorfenapir de lo que toleran las normas peruanas.
Para el caso del pimiento de Plaza Vea de Huánuco presentó 32 veces más rastros de Triazofos que los estándares fijados. Solo las muestras de papa blanca de las 4 ciudades pasaron la prueba del análisis multiresiduos.
El estudio también expuso que se siguen cultivando vegetales con dos pesticidas que ya estaban prohibidos en Perú por su alta toxicidad: el metamidofos, restringido en 2020, y el carbofurano, impedido de comercializarse desde setiembre de 2022.
El primero fue hallado en las muestras de tomate recogidas en el supermercado Tottus de Huánuco, mientras que el segundo en pimientos de Plaza Vea de la misma ciudad.
El estudio se realizó bajo la premisa ¿Los productos que llevan a su mesa tienen menos residuos de agroquímicos de los que encontramos en Lima? La respuesta es que no importa el lugar de origen de las verduras.
Hace falta que los sectores que hasta ahora no han podido articular un sistema de trazabilidad -que implica seguimiento, control y rastreo de los alimentos-, garanticen el control de la cadena agroalimentaria en Perú.
El Segundo Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos se hizo gracias a la alianza colaborativa integrada por Salud con Lupa, el Consorcio Agroecológico del Perú y la Red de Agricultura Ecológica.
Asimismo, por el Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo, Humundi, Islas de Paz, Eclosio, Arariwa y 11.11.11.
El análisis multiresiduos estuvo a cargo de Merieux Nutrisciences, un laboratorio acreditado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa).
Adicionalmente, en el mismo estudio, se encontraron altas concentraciones de 38 sustancias químicas de pesticidas que son vendidas a los agricultores a través de diferentes marcas comerciales importadas al país por al menos 90 empresas.
Entre las más grandes están Bayer y el Grupo Syngenta, que controlan más del 65% de las ventas mundiales de agroquímicos y comercializan en Perú productos que tienen prohibido vender en la Unión Europea y Estados Unidos.
Entre ellos se hallan los clorpirifos y el fipronil, por los daños que provocan al ambiente y a la salud humana.
En Perú están registrados 3,344 plaguicidas que contienen una o más sustancias químicas. En ese grupo se incluyen 22 plaguicidas clasificados como extremadamente peligrosos y 88 altamente peligrosos por la OMS.
Sin embargo, según las resoluciones del Senasa que autorizan su uso, dichos agroquímicos contarían con evaluaciones técnicas que demuestran que son efectivos para el fin al que se destinan y no representan un riesgo inaceptable para las personas y el ambiente.
Es necesario recordar que la vigilancia sanitaria recae en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), responsable de la fase de producción primaria y manejo de los alimentos.
El Ministerio de Salud está a cargo del control de lo que se ofrece a los consumidores en coordinación con los gobiernos regionales y municipalidades.
En síntesis, nos enfrentamos a un auténtico lobby de los pesticidas que intenta ocultar la peligrosidad de los plaguicidas para que los agricultores los sigan utilizando aún a costa del ambiente y la salud. ¿Hasta cuándo?